Contar con datos sobre las diferentes manifestaciones de la violencia de género que afectan a mujeres, disidencias, infancias y adolescencias es esencial para hacer visibles estas problemáticas, crear políticas públicas e impulsar transformaciones sociales.
Un estudio de investigadoras integrantes del Centro Interdisciplinario en Ciencia de Datos y Aprendizaje automático (CICADA) buscó historizar y visibilizar la construcción feminista de datos en Uruguay sobre violencia de género por parte de colectivos del movimiento feminista y de la diversidad sexual. El estudio abarca desde 1984 hasta 2025 y busca revalorizar este trabajo militante que contribuye a transformaciones clave en materia legislativa y de política pública.
“Hoy en día estamos acostumbradas a ver datos sobre diferentes manifestaciones de violencia de género que surgen de organismos del Estado, pero no siempre fue así. Las primeras que realizaron este trabajo en Uruguay fueron mujeres y disidencias que desde el activismo llevaron adelante esta labor. Hoy en día, más allá de los avances desde el Estado, estas prácticas siguen vigentes en colectivos y proyectos que continúan registrando datos y trabajando sobre problemáticas como los feminicidios, las desapariciones asociadas a la trata y explotación sexual y la violencia sexual. Con este trabajo pudimos establecer un hilo conductor que une estas prácticas a lo largo del tiempo. Más allá de los diferentes contextos históricos, métodos o fuentes, lo esencial se mantiene: construir, sistematizar, interpretar y comunicar en la esfera pública los datos sobre violencias invisibilizadas”, explicó Noelia Beltramelli, autora del estudio.
En la década de 1980, organizaciones feministas como el Grupo de Estudios sobre la Condición de la Mujer en el Uruguay (GRECMU) y el colectivo Cotidiano Mujer fueron entre las primeras en producir datos sobre desigualdad y violencia de género, en un contexto marcado por la ausencia de estadísticas oficiales. Además, publicaciones como “La República de las Mujeres” fueron pioneras en contabilizar casos de violencia a partir de fuentes periodísticas y policiales. En esta década surgieron organizaciones centradas principalmente en atender la violencia doméstica (el Plenario de Mujeres del Uruguay, la Casa de la Mujer de la Unión, Cooperativa Mujer Ahora, entre otras). Además, en 1987 se creó el Instituto Nacional de la Mujer y en 1988 la primera Comisaría de la Mujer cuyos datos fueron sistematizados y comunicados por las activistas durante la década siguiente en el suplemento “La República de las Mujeres”.
En la década de 1990 surgieron los primeros programas municipales con foco en la violencia hacia las mujeres desde la Intendencia de Montevideo (línea telefónica y asesoramiento descentralizado de las Comuna Mujer) y en 1995 se creó la violencia doméstica como delito. Sin embargo, hasta los primeros años de los 2000, las organizaciones de mujeres y feministas continuaron siendo quienes llevaron adelante la sistematización y comunicación de datos sobre esta y otras violencias en el país.
En la primera década de los años 2000 la producción de datos se diversificó y fortaleció gracias al trabajo conjunto de organizaciones sociales, la academia y el Estado. Así, surgieron iniciativas de monitoreo ciudadano de feminicidios, e investigaciones académicas sobre diferentes formas de desigualdad y exclusión de mujeres y personas LGBTIQ+. A partir de 2007 se empezó a incorporar de forma progresiva la perspectiva de género en los relevamientos realizados desde el Estado. Esto fue acompañado de planes nacionales y acciones concretas para el abordaje de la violencia de género.
Desde 2010 en adelante, las nuevas herramientas digitales fueron utilizadas por activistas y organizaciones y los datos se comenzaron a difundir mediante mapas digitales, posteos en redes, manifestaciones e intervenciones artísticas impulsadas por colectivos feministas. Cabe mencionar que durante esta época también se vieron avances legales en materia de reconocimiento de las diferentes manifestaciones de la violencia de género. Más allá de estos avances, el Estado aún tiene un camino para recorrer en materia de construcción de datos y acciones de prevención. En la última década han surgido colectivos y proyectos como “Feminicidios Uruguay”, “¿Dónde están nuestras gurisas?” y “Proyecto Ikove” que buscan visibilizar con datos y acciones concretas algunas problemáticas en las que registros y las respuestas estatales son insuficientes, como los feminicidios, las desapariciones de mujeres y adolescentes y los vínculos con la trata de personas y la explotación sexual y la violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes.
Entre sus conclusiones, este estudio destaca que la producción feminista de datos ha sido clave para hacer visibles desigualdades y violencias que los registros oficiales no siempre reflejan, además de impulsar mejoras en los sistemas de información que son las fuentes para generar transformaciones sociales.
La cronología completa está disponible en esta página web interactiva.